Una controversia se generó en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío luego de que el jefe de su departamento de Comunicaciones presentara la renuncia a su cargo tras ser vinculado con una cuenta anónima en redes sociales que emitía comentarios ofensivos contra personas afectadas por los incendios forestales.
La situación quedó al descubierto a partir de una investigación de Radio Bío Bío, medio que logró identificar al funcionario detrás del perfil de la red social. Se trata del periodista Gonzalo Arturo Cofré Hube, de 45 años, quien reconoció su participación en la cuenta denominada @analistasilencioso, creada en abril de 2025.
El profesional se desempeñaba en el Serviu desde 2015 y desde octubre de 2023 ejercía como jefe del área de Comunicaciones, cargo que anteriormente había ocupado de forma subrogante. Tras la revelación del caso, decidió dejar sus funciones de manera inmediata.
A través de una declaración pública, Cofré manifestó sus disculpas por la situación. “Comprendo y lamento las molestias que esto pudo generar y ofrezco mis disculpas a quienes se hayan sentido afectados, especialmente a las familias damnificadas”, señaló.
Desde la institución, la directora del Serviu en la región, María Luz Gajardo, calificó los mensajes publicados desde la cuenta como “altamente inadecuados”, marcando distancia respecto de las expresiones emitidas en la red social.
De acuerdo con los antecedentes difundidos
por el medio, el perfil intervenía con frecuencia en publicaciones oficiales del Serviu, principalmente para defender la gestión institucional o responder a críticas de usuarios. Sin embargo, varios de sus comentarios generaron cuestionamientos por el tono irónico y ofensivo, especialmente en debates relacionados con las ayudas destinadas a familias afectadas por incendios forestales.
La investigación periodística logró vincular el perfil con el funcionario tras rastrear el correo electrónico asociado a la cuenta, lo que finalmente permitió confirmar su identidad. El caso generó reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre el uso de cuentas anónimas por parte de funcionarios públicos para intervenir en discusiones digitales.
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