DECLARACIÓN PÚBLICA
La Cámara Chilena de la Construcción – Concepción en relación al desalojo ocurrido de una toma de viviendas sociales en la comuna de San Pedro de la Paz y posteriores declaraciones del Sr. Ministro de la Vivienda y Urbanismo, desea manifestar lo siguiente:
1. Valoramos la decisión de la Delegación Regional Presidencial del Biobío y del Ministerio del Interior que con auxilio de Carabineros de Chile logró el desalojo de personas que de manera violenta usurparon viviendas que habían sido asignadas a legítimos propietarios luego de cumplir un largo proceso legal y formal.
2. Asimismo, lamentamos y condenamos las agresiones al equipo de prensa de TVN Red Biobío que fue atacado durante la expulsión de estos ocupantes ilegales. Esperamos que tanto el Gobierno como esta empresa estatal se querelle y persiga penalmente a estos delincuentes.
3. Asimismo, la CChC Concepción desea comentar las declaraciones del Sr. Ministro de Vivienda, Carlos Montes Cisternas, respecto a que “las empresas deben resguardar mejor las obras, y a su vez, se debe acelerar el proceso de entrega cuando las viviendas estén listas”, refiriéndose a los graves hechos acaecidos en San Pedro de la Paz.
4. La posición de nuestro gremio es que la seguridad pública y el resguardo por el Estado de Derecho es una prerrogativa central y exclusiva del Poder Ejecutivo y, por ende, el camino no es que las empresas constructoras deban fortificarse o establecer sistemas de protección para evitar el asalto de turbas altamente violentas, a fin de proteger sus obras.
5. Respecto a la demora en la entrega de las viviendas a sus propietarios, queremos señalar que el problema radica en el propio Estado, a través del Servicio de la Vivienda y Urbanismo y las direcciones de Obras Municipales. Por ello, nuestra propuesta es que las obras de vivienda social tengan prioridad en la tramitación de entrega y que éstas apenas cuenten con los servicios básicos, sean entregadas a sus propietarios y desde ahí concluir el proceso de recepción final.
6. Por último, le solicitamos al Gobierno, estudiar reponer la Resolución 105 del MINVU que señalaba que las personas que incurrían en este tipo de conductas fueran inhabilitadas de postular a otro beneficio estatal de vivienda. Este requisito legal fue derogado en 2015 y hoy muestra singular urgencia para desincentivar a quienes buscan saltarse la fila y burlar el sistema por la vía de negociaciones por la fuerza.
